Las religiosas de la Madre Teresa llevaban desde 1988 presentes en Nicaragua. Ahora se han visto obligadas a abandonar el país después de que su organización fuera despojada de su estatus legal en un giro totalitarista del Gobierno.
Las religiosas fueron escoltados por la policía hasta la frontera y cruzaron a pie a la vecina Costa Rica.
Su organización es una de las últimas en ser clausurada como parte de una ofensiva contra cualquiera que se considere que se opone al presidente Daniel Ortega. La Iglesia Católica ha hablado abiertamente sobre los abusos a los derechos humanos en Nicaragua.
Las religiosas de la Madre Teresa, en el objetivo de Ortega
Los medios locales dijeron que 18 religiosas de la Madre Teresa de las Misioneras de la Caridad fueron conducidas a la frontera en un autobús escoltadas por funcionarios de migración y policías.
El grupo había sido despojado de su estatus legal el 28 de junio por el parlamento nicaragüense, donde los miembros del partido sandinista del presidente Ortega son mayoría.
Las monjas habían estado trabajando con los pobres en Nicaragua desde 1988 y dirigían una guardería infantil, un hogar para niñas abusadas y abandonadas y un asilo de ancianos.
Un departamento gubernamental que supervisa a las organizaciones no gubernamentales acusó a las religiosas de la Madre Teresa de «no cumplir con sus obligaciones» de declarar la procedencia de sus fondos.
Más de 200 organizaciones han sido clausuradas en Nicaragua desde 2018 por presuntamente violar nuevas y estrictas leyes sobre financiamiento. Entre los cerrados se encuentra la renombrada Academia Nicaragüense de la Lengua, así como una organización benéfica médica que brinda cirugías a niños con paladar hendido.
La tensión entre el gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia Católica ha sido elevada desde que el clero protegió a los estudiantes que protestaban contra el presidente Ortega durante una ola de protestas contra el gobierno en 2018.
En 2019, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, salió del país luego de recibir varias amenazas de muerte. Y más recientemente, en marzo, el gobierno expulsó al Nuncio Apostólico -el equivalente de la Iglesia Católica a un embajador- en una medida que el Vaticano calificó de «medida unilateral injustificada».
El propio presidente Ortega ha acusado al clero católico de ser «golpistas» y los ha llamado «diablos con sotana». El político, de 76 años, está en su cuarto mandato consecutivo en el cargo después de ganar las elecciones presidenciales de 2021 ampliamente denunciadas como una farsa.
