Qué duda cabe que la iniciativa del Congreso de los Diputados de encargar al Defensor del Pueblo una indagación sobre la pederastia, pero solo circunscrita a los católicos, es contraria a la igualdad de trato que establece la Constitución, y puede constituir una incitación a un delito de odio al limitar el delito a un grupo social muy concreto, caracterizado por sus vínculos religiosos, más cuando es una obviedad, que la participación de sus miembros es irrelevante, como muestra el informe de e- Cristians.
Pero, no solo es eso, el acuerdo es arbitrario en términos de jurisprudencia, porque está falto de toda consistencia racional. Equivaldría a investigar el delito de corrupción, pero solo a un partido político, o centrar en los gitanos el estudio del tráfico de drogas. Todo esto sería rechazado, y en algún caso incluso perseguido por la fiscalía, pero se practica en los católicos con la mayor impunidad. Se trata de un caso de desviación de poder, en el que no se busca actuar sobre un delito, sino contra un grupo dañando su imagen y honor.
Por otra parte, el Defensor del Pueblo, y en el contexto de esta cuestión, solo puede actuar en actividades de los poderes públicos que resulten omisivas, y no sobre sujetos privados.
Arbitrariedad, abuso de poder, vulneración del principio de igualdad, todo eso caracteriza aquella decisión que tiene como principal sujeto al PSOE, y es muy grave. Una gravedad que se acentúa cuando afloran las contradicciones
En Cataluña, Comunes de Colau y Podemos, junto con ERC y la CUP pretendían crear una comisión parlamentaria para indagar sobre la pederastia en la Iglesia, pero esta iniciativa ha sufrido una transformación total a partir de la enmienda inicialmente presentada por JxCat, a la que se le ha añadido el PSC, y que amplía las indagaciones a otros ámbitos, como el escolar, el deportivo, el de ocio y el familiar. Si esta modificación llega a buen puerto, se habrá dado un paso adelante en el sentido de abordar de una manera racional este grave problema, en el que, y en contra de las intenciones de los Comunes, Podemos, la CUP i ERC, el papel de personas vinculadas a la Iglesia católica es absolutamente marginal como lo indican todos los datos y todos los estudios llevados a cabo. En relación con la magnitud del delito son muy escasos los casos en los que intervienen sacerdotes u otras personas relacionadas con la iglesia y son mucho más numerosos los cometidos por maestros y profesores, monitores, compañeros, parejas y de una manera especialmente importante, los que se llevan a cabo en el ámbito familiar.
Por lo tanto, querer estudiar la pederastia solo situando el foco e la iglesia, significa ignorar más del 99% de los casos. La pregunta es por qué partidos como ERC o ECP se han centrado siempre en esta vía, cuando es evidente que de lo que sirve es para construir un chivo expiatorio y esconder detrás de él la dimensión social de este tipo de abusos.
Con la enmienda llevada a cabo, el parlamento de Cataluña realizará además un trabajo que le es propio, porque se habría convertido en anticonstitucional vincular un delito a un grupo de población.
Lo más sorprendente de todo esto es que el Congreso de los Diputados si acordó indagar en este sentido restrictivo,
No deja de ser una contradicción grave, que el PSC y JxCat, que ahora han hecho esta enmienda en el Congreso de los Diputados, votaran a favor de lo que ahora aquí han mencionado. Es bueno rectificar, pero todavía habría sido mejor, si lo hubieran hecho en el Congreso de los Diputados.
En todo caso, el partido socialista nos debe una explicación de por qué en Madrid encabeza una posición, y en Cataluña la enmienda. Y en todo caso exigir la misma ampliación de la indagatoria a todos los casos, para evitar dejar en la sombra más del 99% del delito.
