El Gobierno sigue avanzando en su objetivo de impedir manifestaciones religiosas en la vía pública. En este caso, a través de los denominados rescates en los que personas pro vida o religiosas, rezan y se ofrecen para ayudar a mujeres que van a abortar y tienen dudas.
Ahora, el Congreso ha dado luz verde a la tramitación de la proposición de ley presentada por el Partido Socialista para imponer penas de cárcel a los grupos provida que «obstaculicen el derecho al aborto» frente a las clínicas abortistas.
La iniciativa legislativa –que contó con el apoyo de todo el arco parlamentario salvo de PP y Vox–, propone añadir al Código Penal un nuevo artículo con el objetivo de poder castigar con penas de tres meses a un año de prisión al que «hostigue o coarte la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, promoviendo o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados para interrumpir embarazos».
Distintas organizaciones provida llevan años trabajando a las puertas de estos centros para ofrecer información a las mujeres y disuadirlas de practicarse un aborto. Sin embargo, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) ha denunciado que estas actuaciones suponen una coacción para las embarazadas, ya que muchas de ellas «son increpadas, insultadas o incluso amenazadas». Frente a esta situación, solicitaron al Gobierno en octubre del año pasado que estas actividades se consideren «un delito de obstaculización al derecho al aborto».
Durante la defensa de la propuesta, la diputada socialista Laura Berja aseguró que «estos grupos organizados vulneran los derechos humanos de las mujeres y amenazan su libertad y su intimidad», según informa ABC. «El único propósito de estos indeseables es hacer sentir peor a las mujeres», aseveró.
En su intervención, la diputada incluso llegó a acusar a los provida de «utilizar elementos macabros como ataúdes de niños fallecidos» para disuadir a las mujeres a las puertas de estos centros concertados, donde se practican el 79% de los 99.000 abortos que se realizan cada año en España.
El debate se celebró en un ambiente bronco, que provocó la suspensión del Pleno durante diez minutos, ante la negativa del diputado de Vox, José María Sánchez García, a abandonar el hemiciclo. La diputada por el PP María Teresa Angulo Romero aseguró que con el pretexto de garantizar el acceso de las mujeres a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo, el Gobierno «pretende desarrollar un nuevo ordenamiento jurídico al servicio de sus intereses ideológicos».
