El Gobierno del PSOE y Podemos, junto con sus aliados circunstanciales, como es el caso de ERC, están cerrando pactos puntuales para sacar adelante la reforma de la ley educativa, conocida como ‘Ley Celaá’.
Precisamente uno de esos pactos recientes que han establecido con los republicanos es una enmienda transaccional que añadirá al texto la enseñanza «no confesional de cultura de las religiones» tanto en Primaria como Educación Secundaria Obligatoria.
Esta medida, en la práctica supone que esa materia sería una asignatura espejo de la Religión, es decir, una alternativa a la misma que competiría con ella.
La reforma propuesta en la ‘Ley Celaá’ sería aplicable ya en el curso 2021-2022 y desplazaría la asignatura de Religión en primaria y secundaria en beneficio de cultura de las religiones.
La situación que provocaría la aprobación de esta ley estaría cerca de incumplir el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español, que en 2019 cumplió 49 años.
Históricamente el Concordato de 1953 con la Santa Sede quedó sustituido y, por tanto, derogado al aprobarse los Acuerdos de 1976 y 1979.
En nombre de esos Acuerdos en España la asignatura de Religión es, como en gran parte de Europa de oferta obligatoria para los centros pero voluntaria para los alumnos. Es decir, solo la cursa el que quiere.
Esta realidad ha sido respetada con las leyes del PSOE (como la LOE, de 2006) y del Partido Popular (como la LOMCE, de 2013). La «ley Celaá» tal cual está ahora (sin esta polémica enmienda) es establecer que «la enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español» y que, a tal fin «se incluirá la religión católica como área o materia en los niveles educativos que corresponda, que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos y alumnas».
El texto actual elimina el apartado 3 de la disposición adicional segunda sobre «Enseñanzas de la Religión» que está en la ley vigente (la Lomce del PP y que establece que «la determinación del currículo y de los estándares de aprendizaje evaluables que permitan la comprobación del logro de los objetivos y adquisición de las competencias correspondientes a la asignatura Religión será competencia de las respectivas autoridades religiosas. Las decisiones sobre utilización de libros de texto y materiales didácticos y, en su caso, la supervisión y aprobación de los mismos corresponden a las autoridades religiosas respectivas, de conformidad con lo establecido en los Acuerdos suscritos con el Estado español».
La nueva enmienda pondrá en seria amenaza esos acuerdos y habrá que ver en qué se define finalmente el texto. Un texto que está siguiendo un ritmo de tramitación veloz que para que esté aprobado definitivamente en febrero.
