La Comisión Europea ha lanzado este viernes un ultimátum a España para que aplique a nivel nacional las normas comunitarias que impiden a las multinacionales reducir su carga fiscal explotando las diferencias entre los sistemas fiscales europeos y los de terceros países. En particular, ha amenazado con llevar a España ante la Justicia europea si no traslada a la legislación nacional la directiva sobre asimetrías híbridas del impuesto de sociedades. Esta normativa busca que las multinacionales no puedan reducir «artificialmente» los impuestos que deberían pagar en la UE aprovechando las diferencias entre los sistemas fiscales de los Estados miembros y terceros países (denominadas asimetrías híbridas).
Bruselas recuerda a España que ya han pasado 10 meses desde que se debería haber transpuesto esta directiva, antes del pasado 31 de diciembre de 2019. El Ejecutivo comunitario, no obstante, ofrece otros dos meses de prórroga: «Si España no actúa en los próximos dos meses, la Comisión puede llevar el caso al Tribunal de Justicia y pedirle que imponga sanciones» por no haber transpuesto la normativa a su legislación nacional en el momento oportuno.
En realidad, el Gobierno ya tiene en marcha el cumplimiento de las exigencias de Bruselas mediante el Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que incluye la transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, y el que se incluye también una modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.
El texto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 13 de octubre y está ya en manos del Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria. La norma incluye otra importante batería de medidas, como la rebaja de 2.500 a 1.000 euros en el límite de pagos en efectivo entre profesionales, la ampliación de la lista de morosos y de paraísos fiscales, la lucha contra el fraude en las criptodivisas o el control de software que facilita la contabilidad B.
Las normas comunitarias contra la elusión fiscal, adoptadas en 2016 y modificadas posteriormente, nacieron con el objetivo de impulsar los esfuerzos a escala mundial para actuar contra la ingeniería fiscal abusiva de las grandes multinacionales. Los dictámenes motivados son, por su parte, una herramienta muy común utilizada por el Ejecutivo comunitario para presionar a los socios.
La elusión fiscal o de impuestos consiste en acogerse a fórmulas o vacíos legales para poder pagar menos impuestos y reducir así la carga fiscal o incluso evitar pagarlos. Esta práctica actúa al límite de la legalidad y puede ser perseguida ya que también perjudica al sistema tributario. A menudo se utiliza el termino evasión fiscal para referirse a este tipo de prácticas, aunque sea diferente, ya que este último constituye una actividad ilícita. La evasión de impuestos ocurre cuando las empresas o personas físicas ocultan ingresos, bienes o beneficios económicos a la agencia tributaria para pagar menos impuestos.
Bruselas recuerda a España que ya han pasado 10 meses desde que se debería haber transpuesto esta directiva, antes del pasado 31 de diciembre de 2019. Share on X
