Las Hermanitas de los Pobres han obtenido una victoria en la Corte Suprema, nueve años después de la oposición de la orden religiosa a aplicar el «mandato de anticoncepción» de la era Obama, que obligaba a los empleadores a proporcionar cobertura anticonceptiva para los empleados a través de sus planes de atención médica.
«Durante más de 150 años, las Hermanitas se han dedicado al servicio fiel y al sacrificio, motivadas por una llamada religiosa a entregar todo por el bien de su hermano», declaró el juez Clarence Thomas.
“Pero durante los últimos siete años, ellas, al igual que muchos otros objetores religiosos que han participado en los litigios y la reglamentación que condujeron a la decisión de hoy, han tenido que luchar por la capacidad de continuar en su noble trabajo sin violar sus creencias religiosas sinceras».
En una decisión de 7-2, la mayoría de la Corte se puso del lado de las hermanas en la última ronda de demandas contra ellas por el mandato, esta vez presentada por los estados de Pennsylvania y California, quienes argumentaron que la exención creada por la administración Trump para organizaciones con Las objeciones religiosas o morales al mandato cambiaron el costo de proporcionar cobertura anticonceptiva a los estados y fue defectuoso en el procedimiento.
«Sostenemos hoy que los Departamentos tenían la autoridad legal para elaborar esa exención, así como la exención moral emitida al mismo tiempo», afirmó la mayoría del jurado. «Además, sostenemos que las reglas que promulgan estas exenciones están libres de defectos de procedimiento».
La larga batalla judicial de las Hermanitas de los Pobres
La batalla judicial de las Hermanitas de los Pobres, que duró casi una década, se remonta a 2011, cuando la administración Obama exigió a los empleadores que proporcionaran cobertura gratuita para anticonceptivos, esterilizaciones y «control de natalidad de emergencia» en los planes de salud de los empleados bajo el Cuidado de Salud a Bajo Precio Ley (ACA).
Aunque el gobierno de Obama otorgó una «acomodación» a las Hermanitas y otras organizaciones religiosas sin fines de lucro que objetaron, las hermanas demandaron al gobierno en 2013 diciendo que el proceso todavía requería que esencialmente dieran un «permiso» para que la cobertura anticonceptiva se entregue a través de su planes de salud
En 2016, un Tribunal Supremo dividido devolvió el caso a los tribunales inferiores e instruyó tanto a la administración como a las organizaciones sin fines de lucro a llegar a un compromiso en el que la cobertura anticonceptiva gratuita todavía se pudiera ofrecer a los empleados respetando las objeciones morales de los grupos religiosos.
En 2017, la administración Trump otorgó una exención religiosa y moral al mandato de las hermanas y otros grupos de objeción, pero luego los estados de Pensilvania y California presentaron demandas que decían que la carga de proporcionar cobertura se trasladaba a los estados y alegaban que La administración violó la Ley de Procedimiento Administrativo al establecer la exención.
La Corte Suprema tomó su caso contra los estados en enero, escuchando los argumentos por teléfono en abril después de la pandemia de coronavirus.
