La escuela concertada ha conseguido que se haga justicia en Cataluña. Una resolución de un juzgado del contencioso administrativo de Barcelona concluye que las 11 escuelas de educación diferenciada catalanas tendrán una medida cautelar por medio de la cual se paraliza un requerimiento del 3 de marzo, en el que el Departament d’Educació pedía «documentación adicional» para concederles la renovación del concierto, ya fuera de plazo.
La Generalitat de Cataluña había aprovechado el desconcierto provocado por el estado de alarma que regía en España como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19 para anunciar que retiraría el concierto a las escuelas de educación diferenciada.
“Retiraremos el concierto a los centros que segregen por sexo”, afirmó entonces el conseller de Educación, Josep Bargalló, en sede Parlamentaria el pasado febrero y finalmente cumplió su amenaza.
Sin embargo, la nueva realidad que propone el juzgado obliga a que la Generalitat renueve los conciertos educativos a estas escuelas. Paralelamente se abre un plazo de 15 días para que Educació contesta la decisión. Aunque una medida cautelar no se presume definitiva, ya anuncia la dirección hacia la que el juez tomará su decisión final.
En la práctica, el auto viene a decir al departamento del conseller Josep Bargalló, por el cual suspendía los conciertos a la escuela diferenciada, que no es legítimo el principal motivo para denegar el concierto a los centros afectados.
La escuela diferenciada, seis años de concierto
«Estamos convencidos de que, a la luz de este auto judicial, el Departament renovará por seis años los conciertos de la primaria de las escuelas diferenciadas de Catalunya», afirma en una carta enviada a los padres afectados la Institució Familiar d’Educació (IFE), que reúne a estos centros educativos.
La decisión de la Generalitat se presumía anticonstitucional, ya que existe el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y al Estado a ofrecérsela. Sin embargo, la estrategia de Educació era erosionar a estos centros de educación diferenciada con un proceso largo judicial y, al mismo tiempo, ahogar sus finanzas.
Ahora, la pronta decisión del tribunal, que hace que la situación se relaje para estos centros, acepta las cuatro peticiones formuladas por Institució Familiar d’Educació y obliga al Departament «a que se respeten los derechos fundamentales en el proceso de elección de centro de todos aquellos padres y madres que desean matricular sus hijos e hijas en centros diferenciados», según la carta.
También requiere a Educació «que no emita comunicados públicos o haga declaraciones a los medios de comunicación instando a las familias a cambiar de escuela para disfrutar del concierto»; que «no se perjudique a las escuelas diferenciadas en el normal desarrollo del proceso de matriculación», y que «se abstenga de dar ninguna eficacia al requerimiento del 3 de marzo, donde se pedía documentación adicional para conceder la renovación del concierto.»
Para IFE, «una vez más, los tribunales han ratificado la plena legalidad de la educación diferenciada y el derecho de nuestras escuelas a recibir financiación pública como cualquier otro centro educativo«.
Por su parte, el presidente de la patronal Fapel, Josep Manuel Prats, ha lamentado «el cansancio de las familias de la escuela concertada, y en particular de la diferenciada, por las dificultades que a menudo sufren a la hora de elegir en condiciones de igualdad la escuela de sus hijos e hijas». «Los centros de iniciativa social», añade, «prestan, desde hace décadas, un servicio respetuoso con toda la normativa vigente y con la calidad que Catalunya merece».
