Alberto Nahum García nos explica en Aceprensa una importante victoria para la libertad de conciencia:
«Tras casi dos años de polémica, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha anulado la implantación de Skolae, un programa educativo –obligatorio para todos los colegios de la Comunidad Foral, desde los 3 a los 18 años– al que se opusieron muchos padres por considerarlo marcado por los presupuestos del feminismo radical y la ideología de género.
Las alarmas en la opinión pública saltaron en octubre de 2018, cuando el gobierno de Navarra (una coalición formada por Geroa Bai, Batasuna, Podemos e IU) comenzó a explicar –mediante charlas en algún colegio concertado– las líneas maestras de un –hasta entonces– misterioso programa para la mayoría de la sociedad navarra denominado “Skolae Berdin Bidean. Creciendo en igualdad”. A pesar de estar aquel curso ya iniciado, la inmensa mayoría de familias no era consciente de que muchos colegios navarros estaban inmersos en este ambicioso programa de “coeducación”. Este término no significa en Skolae enseñanza mixta, sino el empeño de “una comunidad escolar dispuesta a seguir trabajando para avanzar hacia la igualdad”, en los términos en que la entienden sus propios promotores.
Según este non sequitur, la educación hasta ahora trabajaba por la desigualdad y la discriminación. Los contenidos de ideología de género y moral sexual que proponía Skolae eran el único antídoto. […]
Presupuestos ideológicos
Los detalles del controvertido programa se encontraban en un documento de 104 páginas que el gobierno de Navarra distribuyó en su propia web. Ahí se podía constatar cómo, emboscado tras un proyecto formativo para la igualdad, Skolae proponía una enseñanza obligatoria de los presupuestos de la ideología de género, desde los 3 a los 18 años. El plan incluía herramientas de trabajo ya diseñadas para cada competencia y tema, agrupadas en cuatro bloques de aprendizaje, con contenidos y actividades específicas en cada tramo de edad escolar. Se pretendía que el programa tuviera una “integración progresiva en todo el sistema educativo a través del currículum”, completando su implantación en todos los colegios navarros en 2021.
[…]Resistencia ciudadana
En ese momento fue cuando una parte de la sociedad navarra se movilizó. Entonces, desde el gobierno y sus aledaños aplicaron una estrategia política y de comunicación basada en ubicar a quienes se oponían a Skolae en los márgenes del sistema: derechistas radicales, ultrarreligiosos, minoritarios y conspiranoicos. Koldo Martínez (Geroa Bai) catalogó las quejas que recogían los medios como una “indigna campaña” que UPN y PP “están haciendo contra Skolae (…) propia de mentes sucias y enfermizas”. La Consejera de Educación, María Solana llegó a acusar a las “fuerzas vivas” que se oponían a Skolae de no querer educar en igualdad, arguyendo –con un razonamiento similar al que Celaá y Sánchez esgrimieron en la polémica del pin parental un año después– que “los hijos son personas con derechos propios que han de ser garantizados independientemente de la creencia de sus padres”.
Al parecer, esas misteriosas fuerzas vivas eran entes totémicos capaces de hacer que los grupos de WhatsApp colegiales echaran humo por Skolae. Sin embargo, al Cuatripartito y el PSN se les olvidaba un detalle: los padres saben leer. Tuvieron acceso al documento base y verificaron la jerigonza del programa, los disparates de su implantación y, sobre todo, cómo emboscaba la ingeniería social bajo términos nobles como igualdad o tolerancia. Y, lógicamente, muchos se quejaron aportando evidencias del documento y reivindicando sus derechos.
La verdadera oposición al programa era la de multitud de padres preocupados por lo que consideraban una intromisión del poder político no solo en la libertad educativa (amparada por el artículo 27.1. de la Constitución), sino en la libertad de conciencia. Familias preocupadas inundaron el Diario de Navarra de tribunas y cartas al director, se recogieron firmas en los colegios, la Concapa (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos) organizó una manifestación de protesta, e, incluso, emergió una asociación de padres de la enseñanza pública: FamiLiaE.
[…]La justicia anula el programa
Más allá de la movilización política y cívica, el ámbito decisivo ha sido finalmente el judicial. En otoño de 2018 se interpusieron tres recursos judiciales contra la implantación de Skolae. Dos se desestimaron: uno por falta de legitimación de los recurrentes, y otro por un error procesal. El tercer recurso ha sido el que ha logrado una victoria –al menos, parcial, de momento– contra la imposición de Skolae. Este recurso partía de un grupo de padres de los colegios San Cernin y Liceo Monjardín, dos de los centros concertados a los que les obligaron a participar en el programa en el curso 2018-19.
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha declarado nula la implantación de Skolae por un fallo formal en su tramitación. A simple vista, esto podría entenderse como una minucia técnica, pero como la propia sentencia describe con rotundidad, este error formal revela una chapuza y un abuso. Skolae se implantó por medio de un acto administrativo, pero, al tratarse de un programa que afectaba al plan de estudios, solo podía hacerse mediante una ley o decreto.
No era un simple defecto de forma. De hecho, entre la prosa legal resplandece esta contundente frase del tribunal: “Se evidencia que en su aprobación se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para la elaboración de las disposiciones generales”. En fin, los impulsores del programa estaban tan cegados de su bondad y pertinencia que se saltaron los mecanismos básicos del sistema político democrático. El Tribunal no ha entrado en el fondo del programa porque los problemas previos eran tan llamativos por su ilegalidad que no era necesario entrar. De momento.
El coste de la libertad
Porque sería ingenuo pensar que aquí se acaba la pelea de los padres navarros por la libertad educativa. El actual Consejero de Educación, el socialista Carlos Gimeno, ha dicho que interpondrán un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que conllevaría ganar tiempo. “La sentencia no va a ser firme y la implantación del programa para el curso 2020/2021 se mantiene exactamente igual en los mismos términos”, ha afirmado Gimeno.
Es decir, en lugar de pararse a repensar el programa, el gobierno de Navarra (compuesto ahora por un tripartito de PSN, Geroa Bai y Podemos) apuesta por una continuidad acrítica. Y si el Tribunal Supremo también lo declara “nulo de pleno derecho”, ¿quién devuelve el tiempo, los recursos y los desvelos invertidos en esta contienda por la libertad educativa a los padres que se han opuesto? Ante esto, ojalá más familias valientes asuman, como algunas ya están haciendo, la máxima de Thomas Paine: “Los que esperan cosechar las bendiciones de la libertad deben sufrir la fatiga de apoyarla”. Porque la batalla dista mucho de estar ganada.
