Varios diputados presentaron preguntas la semana pasada.
Interrogan al Gobierno sobre las posibles órdenes y la investigación de los abusos policiales.
Tras las cuestionables actuaciones policiales sobre pequeñas reuniones litúrgicas dentro de la legalidad, que denunciamos en este periódico los últimos días, varios diputados de Vox han presentado dos preguntas al Gobierno relativas a las posibles órdenes gubernamentales al respecto y a la investigación de los posibles abusos policiales.
El texto de las preguntas se basa en el artículo 11 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se estableció el estado de alarma, que prescribe lo siguiente: “La asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro”. A continuación menciona el caso más grave al que hemos asistido los últimos días “en la tarde del 10 de abril, la Policía Nacional interrumpió el oficio de Viernes Santo en la catedral de Granada, obligando a su inmediato desalojo. Asistían al culto unas veinte personas, en un templo con capacidad para 900. La separación entre ellas excedía la prescrita por el Real Decreto”. Igualmente recoge que “la Asociación Española de Abogados Cristianos ha denunciado desalojos similares –también en circunstancias de no aglomeración- en las últimas semanas en Cádiz, Sevilla, Valladolid y Murcia”.
Con base en esos antecedentes Vox pregunta:
“1º ¿Han partido del Gobierno las órdenes para estas intervenciones contrarias al marco normativo establecido por él mismo, así como al derecho a la libertad religiosa reconocido por el artículo 16 de la Constitución?
2º Si la Policía Nacional ha actuado por iniciativa propia, ¿va a ordenar el Gobierno una investigación sobre estas intervenciones abusivas?”.
Hasta el momento, no se ha producido respuesta alguna por parte del Gobierno.
La Asociación Española de Abogados Cristianos ha denunciado desalojos similares –también en circunstancias de no aglomeración- en las últimas semanas en Cádiz, Sevilla, Valladolid y Murcia Share on X
