A LA PRESIDENCIA DEL SENADO
EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, a iniciativa de
los Senadores Javier Puente Redondo, Amelia Salanueva Murguialday, Ana
Camins Martínez, Rodrigo Mediavilla Pérez, Antonio Román Jasanada, Pablo
Ruz Villanueva y José Enrique Sánchez Núñez al amparo de lo dispuesto en el
artículo 177 del Reglamento de la Cámara, solicitan la tramitación de la siguiente
MOCIÓN ante la COMISIÓN CONSTITUCIONAL
La libertad religiosa es un derecho fundamental protegido en España por el
artículo 16 de la Constitución. Además, la Declaración Universal de Derechos
Humanos, en su artículo 18, garantiza la “libertad de pensamiento, de conciencia
y de religión”.
En el año 2018, el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia
(OLRC) registró en nuestro país 200 ataques a este derecho fundamental. Esto
supone un 20% más que en 2017. Es preocupante, sobre todo, el gran número de
ataques a templos que se registran cada año en España. De 8 en 2014 hemos
pasado a 53 el año pasado, siendo las iglesias cristianas las que más ataques han
sufrido.
También hay un gran número de ataques calificados como de “laicismo
beligerante” (concretamente 90) cuyo único propósito es que la religión
desaparezca de la vida pública. A menudo se confunde aconfesionalidad del
Estado, como prescribe la Constitución Española, con la marginación de las
creencias religiosas del ámbito público.
El respeto a la libertad religiosa de los ciudadanos no beneficia únicamente a los
creyentes, sino que favorece a toda la sociedad, al promover la convivencia
pacífica entre ciudadanos.
Por todo cuanto antecede, el Grupo Parlamentario Popular
propone a la aprobación de la Comisión Constitucional la siguiente:
MOCIÓN
La Comisión Constitucional insta al Gobierno a:
1. Que los partidos políticos, en su actividad pública y legislativa, respeten y
garanticen el derecho fundamental a la libertad religiosa, tanto desde el punto de
vista individual como colectivo, así como el cumplimiento de los tratados y
convenios firmados por las distintas confesiones religiosas.
2. Que las Administraciones vigilen para que se reduzca el número de ataques,
daños y profanaciones infringidas a los templos y espacios de culto y ningún
delito quede impune tras realizar las oportunas investigaciones. Y que,
igualmente, se mejore la atención a las víctimas y se proporcione seguridad a los
fieles, para que puedan ejercer su libertad de acceder a los lugares de culto cuando
se han producido ataques, amenazas o agresiones.Palacio del Senado, 26 de marzo de 2020
Javier MAROTO ARANZABAL
PORTAVOZ
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