Muestra de la obsesión del Gobierno contra la educación concertada es lo que está pasando en Cataluña, donde la Generalitat pretende un decreto de admisión de alumnos que vulnera los derechos fundamentales de titulares y padres, al establecer una planificación administrativa previa al proceso de elección de centro.
Este sistema subordinaría las plazas de la educación concertada en Cataluña a la oferta y al desarrollo de los centros públicos, con lo que reduciría el sistema de iniciativa social a mínimos.
Una vulneración clara del derecho de los padres a elegir el modelo y el centro de educación para sus hijos.
