El portavoz de Compromís en el Senado, Sr. Mulet, preguntó hace unos días al nuevo Gobierno por las medidas que va a adoptar para garantizar la aconfesionalidad del Estado y evitar así las interferencias religiosas, mitológicas, mágicas, pseudocientíficas, pagadas con dinero público, en los centros hospitalarios, bajo la excusa de asesoramientos ético, moral o religioso y sostiene que la asistencia religiosa no forma parte de lo estipulado en la Constitución en cuanto a los derechos reconocidos a la salud.
En este planteamiento se ignora el contenido del art 16.3 de la Constitución Española que establece que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
El Acuerdo Iglesia-Estado del año 1979, en su artículo IV establecía que el Estado reconoce el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa de los ciudadanos internados en los centros penitenciarios, hospital, sanatorios, orfanatos y centros similares, tanto públicos como privados.
Ya en 1986, este derecho se concreta en un acuerdo-marco que rige en todo el territorio español, y que han de asumir las distintas comunidades autónomas. En este acuerdo-marco se prevé la existencia de capilla en los hospitales, capellanes e incluso la posibilidad de que estos puedan formar parte de los Comités de Ética.
Los capellanes católicos de los hospitales, por tanto, cumplen con la legalidad en este país, no son intrusos en los hospitales ni un privilegio a combatir. Sin embargo, el laicismo como doctrina pretende relegar el hecho religioso al plano estrictamente individual, de ahí el rechazo de los capellanes en los hospitales, pretendiendo negar incluso que la figura del sacerdote forme parte de los Comités de Ética y Cuidados Paliativos; Como se palpa, el laicismo, muchas veces conlleva hostilidad hacia el hecho religioso, tolerando exclusivamente un comportamiento religioso individual.
Los capellanes, esos sacerdotes con batas blancas que vemos caminar por los hospitales, celebran la Eucaristía, llevan la comunión a aquellos enfermos que no pueden acudir a la capilla y así lo solicitan, bautizan a niños en grave peligro muerte cuyos padres piden el bautismo para sus hijos en esos duros momentos, confiesan, administran la unción de enfermos, charlan con pacientes y familiares, colaboran con el personal sanitario, desempeñando su labor tanto de día como de noche durante los siete días de la semana, haciendo turnos de guardia, para garantizar la atención espiritual de los enfermos, muchas veces en la fase final de sus vidas.
La labor de los capellanes, en definitiva, sirve para humanizar la medicina y el propio hospital. El capellán encarna la figura del Buen Samaritano, que se baja del caballo de sus comodidades, para atender espiritualmente al enfermo, dado que el ser humano además de cuerpo tiene alma. En definitiva, estos sacerdotes de batas blancas ayudan al enfermo a encontrar sentido a su sufrimiento, ayudan a bien morir, y dan la batalla contra la cultura de la muerte, defendiendo la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.
¿No será que los sacerdotes, con el testimonio de sus vidas y la labor de entrega hacia los que sufren, molestan al Estado en su camino para instaurar la opción de la eutanasia como muerte legal socialmente admitida? La cuestión que se atisba de fondo no es baladí.
