La señora Laura Freixas ha tenido la atención de abordar crítica y razonadamente mi artículo, Violencia y Perspectiva de Género (La Vanguardia, 18 enero), cosa que agradezco en unos tiempos donde las causas se dirimen con descalificaciones. Lo ha hecho con una diligencia loable -el día siguiente de su publicación- cosa que también es de agradecer. Sus razones me brindan el motivo para desarrollar en mayor medida las cuestiones que planteé, y que considero cruciales para el bien común, el bienestar y los derechos humanos de nuestra sociedad. Y como sea que mi turno de artículo en el periódico que me acoge queda muy lejos, más de tres semanas, opto por confiarlo a la capilaridad de la red.
Doy por descontado que no está en cuestión el hecho de que la práctica totalidad de las personas estamos contra la violencia, todavía más cuando es mortal, y que específicamente rechazamos como intolerable la violencia contra la mujer. Nadie puede afirmar que una parte grande, nada menos que “los hombres”, la promueve, sin cometer una injusticia execrable. Pero eso, exactamente eso, es lo que hace la perspectiva de género, y que tiene una injusta aplicación en la legislación española. Que la mayoría de violentos sean hombres no fundamenta el formular a continuación la premisa “luego, todos los hombres son violentos”. Forma parte del mismo absurdo que afirmar que como “la mayoría de los grandes músicos, escritores, cocineros, jugadores de rugbi, científicos y un largo etc. son hombres, luego, todos los hombres son grandes músicos, escritores, etc.” El “machismo” no es la característica común de los hombres como pretende el feminismo de género, sino una patología individual, y como tal ha de ser abordada.
Situada esta primera premisa, la segunda: Es obvio que no está en cuestión si hay violencia contra las mujeres. Claro que existe, como la hay, por desgracia, en el conjunto de relaciones de la humanidad. Lo que cuestiono es que para combatirla se deba criminalizar a todos los hombres, a los esposos, padres, hijos, adolescentes, jóvenes y adultos, convirtiéndoles en chivo expiatorio de los problemas de nuestra sociedad, esa práctica, que tan bien describe Rene Girard, en Veo a Satán caer como el relámpago.
Lo que sostengo es que las políticas públicas que se han emprendido basadas en la perspectiva de género no son las adecuadas, porque son excesivas, desmesuradas, y porque son inadecuadas por equivocadas e insuficientes. Su aplicación responde a criterios de ideología política: el combate contra el hombre, y no la búsqueda de resultados en la defensa de la seguridad y dignidad de la mujer.
En mi artículo afirmaba que es falso que vivamos bajo un “sistema” que se dedica a dominar, abusar y matar a las mujeres, y que con los datos del CIS en la larga serie de observaciones sobre las preocupaciones de los españoles, solo el 0,5% de la población afirmaba que la violencia contra la mujer era uno de los tres primeros problemas. Y eso significa 175.000 personas sobre un total de 35 millones de adultos. Y solo un 0,1% consideraba que era el primer problema; es decir, 35.000 personas. Y que estos datos eran consistentes con otros, como la encuesta del CIS de diciembre 2010-febrero 2011, solo a mujeres, que establecía que en la inmensa mayoría de relaciones de la pareja, por encima del 95%, no existía asomo de mal comportamiento, ni tan siquiera leve, y solo entre el 0,5% y el 1% de las mujeres contestaban que lo sufrían con frecuencia. Todo ello a pesar del machaqueo incesante de los medios de comunicación sobre este tipo de maltrato. No deja de ser llamativo el contraste de aquella abundancia de atención con el silencio sobre los 10 muertos diarios y 200 intentos no consumados de suicidios. Más que víctimas por accidentes de tráfico, y a pesar de ello están fuera de la agenda política y mediática. El 75% son hombres, pero, incluso así, mueren casi 20 veces más mujeres por suicidio que por el homicidio de la pareja. Si lo que importara fuera la seguridad y las condiciones de vida de la mujer, ¿no deberían situar en un plano destacado este desastre? ¿Por qué no lo hacen a pesar del daño femenino que causa?
La realidad es que España, como explicaba en el artículo, es el quinto mejor país del mundo para las mujeres, y es de los más seguros y con menor delincuencia sexual de Europa.
A pesar de la modesta dimensión del daño, en términos objetivos y percibidos por la sociedad, el único pacto de estado acordado en años ha sido sobre la llamada violencia de género. No se ha logrado en educación, aunque vivimos en una verdadera emergencia, ni en sanidad, ni tan siquiera en pensiones, donde se sufre entre la improvisación y el electoralismo. Pacto de estado y además una legislación especial, 105 juzgados especializados, más 355 compatibles, y muchos recursos económicos; siempre más, nunca bastan. Es la desmesura que anida en la propia ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Este gran entramado punitivo se fundamenta en el principio de que los hombres han construido un sistema de dominación de las mujeres, que tiene como resultado un abrumador estado de opresión y violencia sobre ellas. Por ello, la legislación justifica una penalización más grave para el hombre a pesar de que el delito sea idéntico. Para un supuesto de lesiones graves en grado mínimo la mujer recibirá 3 meses de prisión que no cumplirá, mientras que para el hombre serán 2 años y entrará en la cárcel. Si se trata de amenazas leves, lo mínimo para la mujer será el estar localizable durante 5 días, pero para el hombre serán 6 meses de cárcel. Recibe mayor pena un hombre por amenazas leves que una mujer que haya causado lesiones graves. Es insólito en Europa.
El resultado es aciago porque la cifra de hombres encarcelados se acerca a 4000 penados según Instituciones Penitenciarias, a finales del pasado noviembre 2017, y son ya el tercer grupo de reclusos más numeroso en las cárceles españolas.
En realidad, toda la política para proteger a la mujer está concentrada en denunciar y castigar al hombre sin atender a las causas que engendran violencia, y esto es así porque es la manera de culpabilizar a todos los hombres, al “patriarcado” a pesar de que la realidad, de lo que nos habla es de unos casos patológicos, y no de un suceso general. En el 2018, 47 hombres mataron a su pareja, esto significa 0,0003% de los hombres mayores de edad. ¿Cómo se puede propagar a partir de tal magnitud que “los hombres matan a las mujeres porque son mujeres”? Este es el enunciado de un genocidio: los nazis -no decimos los alemanes, decimos los nazis – mataron a los judíos por el hecho de serlo, y los serbobosnios de Karadzic a los musulmanes por idéntica causa. Pero trasladar tal cosa a las relaciones entre hombres y mujeres es un escándalo moral, una falsedad inmensa, una macro fake news. Con aquella cifra de homicidas se necesitaría que pasasen 333 años, para que los asesinos significasen el 1 por mil de los hombres adultos, con las cifras actuales. Estas consideraciones no minimizan las muertes, sino que hacen aflorar la ignominia de su instrumentalización para promover una causa general contra el hombre. La justificación de un código penal asimétrico.
Pero es que además la legislación es inadecuada e insuficiente para el fin que persigue: proteger la vida y la dignidad de la mujer. Deliberadamente se ignoran las causas objetivas que facilitan el feminicidio y la violencia en la pareja: Las muertes se dan en una proporción mucho mayor (9 a 1) en las relaciones ocasionales, la cohabitación y las parejas de hecho, que en los matrimonios. Las víctimas y los autores registran un peso muy superior de inmigrantes que no han conseguido o querido reunificar la familia. Se producen mayoritariamente en situaciones de ruptura, ante, durante y post. Es decir, existe un tipo de relación, la forjada bajo vínculos más débiles y ocasionales, que, al romperse con mayor frecuencia generan un riesgo mayor. Pero los poderes establecidos de esta sociedad en crisis no quieren abordar esa etiología, porque la ideología dominante prescribe precisamente aquel tipo de vínculo frágil como el idóneo, y no el matrimonio, y porque en otro orden, el reagrupamiento familiar es un tabú, en lugar de un objetivo deseable.
También interviene el sistema de creencias: las posibilidades de violencia son muy superiores en las parejas ateas, agnósticas e indiferentes, que entre las católicas practicantes.
La tercera omisión en el abordaje es el de la patología del homicida, que no es estudiada, ni suficientemente tratada. Dos de los últimos crímenes cometidos, los de Laura Luelmo y Rebeca Santamaría, muestran a las claras que se trata de dos homicidas que presentan una patología criminal, y que su largo paso por la prisión no resolvió nada. La evidencia de esta causa la muestran los datos: en 2017, 15 de los homicidas se suicidaron y 10 lo intentaron; sobre un total de 51 casos, el 50 % intentaron el suicidio. ¿Qué tipo de persona mata o agrede, y se mata? Pero esto tampoco importa.
Con carácter general, el de la violencia y no solo el homicidio contra la mujer, la gran hipocresía o impotencia de una sociedad en crisis se manifiesta al negarse a tratar las tres causas estructurales, todas ellas relacionadas con el sexo, que están en la raíz de una educación basada en el menosprecio a la dignidad de la mujer. Se trata de la prostitución, la pornografía, y la educación y la cultura sexual que marca la pauta.
En 1999 Suecia prohibió la prostitución, y lo hizo en nombre de la lucha contra la violencia que sufren las mujeres. Existe un menosprecio evidente, por mucho que quiera camuflarse, un menosprecio hacia el cuerpo del otro en la media que se transforma en una mercancía que se vende. No estaba desencaminada Naciones Unidas cuando la declaró una forma de esclavitud. Pero además en la gran mayoría de casos, la prostitución es el fin necesario de una ingente y rentable de la trata de mujeres. Que España, pacto de estado incluido, no haya hecho nada más que maquillaje en el abordaje de esta cuestión es un claro indicador de que es la ideología lo que preside las soluciones. La prostitución crea una mentalidad que favorece el considerar a la mujer como un objeto. También la pornografía, al menos aquella que se basa en el abuso y la agresión, pero también en su conjunto, cuando es la vía cada vez más frecuente en el que el adolescente forma el imaginario de la relación con la mujer. Pero este es otra cuestión vetada, prohibida bajo pena de descalificación. La pornografía es en gran medida violencia contra la mujer, y en todo caso es su conversión en objeto del deseo más primario y posesivo. Por último, la educación sexual, la escolar y la social. La cultura hegemónica actual considera que es posible vivir bajo una continuada excitación sexual, la que propagan los medios de comunicación sin que esta incitación continuada no haga aflorar patologías subyacentes. La educación sexual escolar no se basa en integrar la sexualidad en el proceso de maduración personal, sino que más bien se presenta como un deporte de contacto, que lo único que requiere es satisfacerse y evitar el embarazo.
Estas si son violencias estructurales del poder establecido aceptadas por gobiernos y partidos políticos y por los movimientos del feminismo de género, y es tanto así que en el prolijo pacto de estado los omite de manera perfecta.
En último término la respuesta es muy sencilla, y el que no se realice es un indicador claro de la crisis de una cultura y de las instituciones políticas y sociales que la acogen. Se trata de educar en el respeto a la dignidad del otro sea quien sea, y en las virtudes necesarias para que aquel valor, el del respeto, pueda traducirse en una práctica cotidiana. Se trata de construir socialmente la ética de la virtud, todos juntos, hombres y mujeres.
