Los frentes abiertos de la Iglesia en Cataluña

Actualmente hay sobre la mesa tres iniciativas de instancias diferentes de las instituciones catalanas que convergen en varios planes en contra de la Iglesia.

La primera de ellas hace referencia a la iniciativa de la Unión de Payesos, que quiere evitar la inscripción de las propiedades eclesiásticas a nombre de la iglesia. La Unión de Agricultores era un sindicato agrícola muy importante a finales del siglo pasado, pero el debilitamiento de la actividad agraria en Cataluña, la reducción del número de agricultores y también la pérdida de peso por sus orientaciones políticas, acabaron situando este sindicato en una posición mucho más marginal. Y es evidente que ahora intenta recuperar el espacio público a través de esta iniciativa que, como señala su representante al presentarla, dice que está claramente dirigida contra los obispos.

La cuestión de fondo es que la Iglesia tiene inscrita como titularidad propia todos los edificios eclesiásticos, como parroquias, conventos o ermitas, que tienen desde su origen o desde tiempos seculares, un uso por parte de la Iglesia. En términos normales, y como derecho a la propiedad, parece que no habría razón para cuestionar que el uso de la propiedad, con independencia de si está inscrito o no, a lo largo del tiempo, genera el derecho a su titularidad. Pero en este caso, en lugar de fijar la atención en el ejercicio de la propiedad, que sería la cuestión más relevante, lo que se hace es prestar atención a la normalización que ha llevado a cabo la iglesia de esta titularidad en estos últimos años.

Al actuar así, la Unión de Payeses ejerce un criterio absolutamente contradictorio a lo que históricamente los agricultores de Cataluña han ido reivindicando en relación a las tierras. Este criterio consistía en que cuando una tierra era trabajada durante más de una generación por unas determinadas personas, éstas tenían el derecho a la propiedad, y no los teóricos propietarios formales. Ahora se le niega a la iglesia la aplicación de este criterio, y se quiere que estos bienes sean de titularidad pública. Intentan equiparar esta acción con la de un marco jurídico que no tiene nada que ver, que es la situación de la ley francesa de separación de la Iglesia y el Estado de 1905, dictada en uno de los periodos de máximo radicalismo de la República contra la Iglesia, en la que el Estado se quedó todos los bienes eclesiásticos, situación que aún se mantiene con un carácter muy atenuante.

La segunda iniciativa procede de la alcaldesa de Barcelona, ​​Ada Colau, que es conocida por su animadversión contra la iglesia. En este caso, resucita una vieja cuestión que periódicamente emerge para después desaparecer: la intención de hacerle pagar el IBI, impuesto del que está exenta. Pero no está exenta por ser Iglesia, sino como lo están los sindicatos, los partidos políticos, las fundaciones y las entidades que tienen una finalidad social. El argumento que se utiliza para esto no tiene ningún tipo de fundamento, pero en todo caso el intento está en marcha. Consiste en la sentencia del Tribunal Europeo sobre la posible vulneración del derecho a la libre competencia cuando se producen determinadas excepciones fiscales. Naturalmente, esta sentencia está pensada para actividades que tienen que ver con el mercado y en el ámbito económico. Y es evidente que la iglesia no juega en este terreno.

La tercera iniciativa forma parte del programa presentado por Torra, que prevé la liquidación de la escuela diferenciada a base de suprimir el concierto. Este caso también es de difícil resolución por parte del gobierno de Cataluña, porque existe una jurisprudencia constitucional que avala el derecho de los padres a llevar a sus hijos a este tipo de escuela como un ejercicio reconocido por la propia UNESCO.