Con este mismo título el Instituto de Estudios del Capital Social de la Universidad Abat Oliba, dirigido por Josep Miró i Ardèvol, publicó hace poco más de diez años, en el 2008, un estudio dirigido a evaluar el impacto del aborto sobre la población, los ingresos del estado y la Seguridad Social.
El periodo estudiado era 1985-2006 y, descontada la mortalidad, la pérdida de población directa y la inducida por esta reducción era de 1,3 millones de personas para el 2020, 1,9 en el 2040 y 2,5 millones en 2060. Así mismo se proyectaba los efectos para el período 2007-2020. El agregado de ambos periodos señalaba que para el 2020 la pérdida sería de 4 millones de habitantes, 5,2 para el 2040, y 7,9 para el 2060. Estas cifras situaban el impacto negativo central del aborto sobre la población española, y representaba para los escenarios INE 2005, una pérdida media para el 2020 del 8%, y de entre el 13% y el 17,5% para el 2060. La magnitud del impacto queda fuera de toda duda.
Un gran impacto sobre la población activa
El resultado sobre la población activa para aquellos tres años, 2020, 2040 y 2060, era respectivamente de casi un millón de personas, 4,1 millones y 5,5 millones, respectivamente. Para la población ocupada. las cifras eran de 640 mil, 2,9 millones y 3,9 millones Perder un millón de activos, cuatro y más de cinco, en una sociedad que se está hundiendo demográficamente es un suicidio. Pero nadie parece estar interesado por la cuestión.
El aborto, tal como está planteado no solo es una grave cuestión moral, porque la ley necesita que desaparezca el ser humano engendrado de toda consideración jurídica, sino que es un hachazo insoportable al Estado del bienestar. Quien crea que con las actuales tasas de aborto por el número de mujeres fértiles es compatible con la sostenibilidad del bienestar, o quiere ignorar los hechos o es un irresponsable.
El golpe sobre las pensiones
El impacto económico es obvio. Considerando solo los abortos realizados en el 2006, el valor de las pérdidas futuras a la Seguridad Social seria de 14.000 millones de euros, equivalentes al 44% del Fondo de Reserva de aquel mismo año. En otros términos, en el aborto radica una causa inmediata y directa de la insuficiencia del sistema de pensiones de España.
A ello deberíamos añadir las pérdidas ocasionadas en los ingresos del Estado en términos de IRPF e IVA, con lo cual el impacto económico se multiplicaría.
Negar que el aborto posee un impacto decisivo y negativo en las cuentas del Estado, y es el gran agujero del sistema de bienestar, que crece con el paso del tiempo, es un absurdo. Otra cosa es que se desee mantener a capa y espada su dimensión extraordinaria. Una buena política pública sería aquella que tendiera a reducirlo e incentivara el nacimiento de los ahora abortados. Esto sería lo moralmente bueno, y además un excelente negocio para los españoles.
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